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FOTO DE ARCHIVO. |
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Siguen las reacciones tras el anuncio
del gobierno de modificar la Ley Antiterrorista y la Justicia militar.
La decisión del Ejecutivo se produjo justo en medio de la huelga de
hambre que mantienen los presos políticos mapuche en las cárceles del
sur del país hace más de 50 días y cuyo objetivo, precisamente, era
lograr que no se continuara procesando a los comuneros involucrados en
reivindicaciones territoriales invocando la Ley Antiterrorista.
El vocero de los prisioneros
políticos de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipan, aseguró que esto aún
no constituye una señal clara para deponer la huelga de hambre,
calificando el anuncio como un “acto comunicacional”.
“Este anuncio es primario. Pero ellos tampoco han abogado por un
acercamiento porque todavía están buscando un mediador. Nosotros igual
haremos llegar nuestra propuesta y ahí se definirá el asunto. Hasta el
momento esto no se puede tomar como el pie inicial para que los
prisioneros políticos puedan dejar su huelga de hambre porque hay que
tener seguridad sobre los acuerdos que se van a tomar a futuro”, dijo
Curipan.
La aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile ha sido cuestionada
desde diversos sectores que indican que no cumple con su principal
objetivo que es castigar crímenes que provoquen un caos generalizado en
gran parte de la población y que atenten, de forma directa, contra el
Estado.
En esa línea, el abogado especialista en derechos humanos, Nelson
Caucoto, sostuvo en conversación con el programa RadioAnálisis que en un
país como Chile no se justifica mantener una legislación como esta ya
que, a su juicio, sólo se utiliza para reprimir las protestas sociales
como en el caso bombas y en el procesamiento de los mapuche.
“Esta es una legislación que viene teñida de parte de sus autores en la
dictadura y los fines que perseguía. Existe una incoherencia tremenda
porque ya estando vigente no se le aplicó a los peores crímenes
terroristas como a la CNI cuando secuestró, torturó e hizo desaparecer a
gente y se está utilizando para castigar a mapuches que han cometido
delitos comunes”, sostuvo Caucoto.
Por su parte, el abogado representante de los huelguistas, Jaime
Madariaga se mostró aún más cauto respecto de las modificaciones
informadas por el Ejecutivo y aseguró que los cambios no implicarán,
necesariamente, un mejoramiento en este tipo de procesos judiciales.
“Los cambios, según tengo entendido, dan más facultades al Ministerio
Público para la investigación. Es decir, la figura del testigo sin
rostro va a ser más potente todavía. Sinceramente me da la impresión de
que esto no va en beneficio del debido proceso de acuerdo a los derechos
fundamentales”, dijo el jurista.
Los representantes de los familiares de los presos mapuche en huelga de
hambre aseguraron que el anuncio del Gobierno constituye el primer paso
para abordar los problemas de los pueblos originarios. Pero indicaron
que entregarán una propuesta alternativa al Parlamento que considere en
profundidad todos los temas pendientes en esta materia.
Hoy, dos jóvenes que permanecen
recluidos en Cholchol se sumaron a la huelga de hambre. La directora
regional del Sename, Claudia de la Hoz, confirmó que se trata de José
Ñirripil y Luis Marileo, quienes permanecen en el centro de internación
provisoria para menores y ambos bajo requerimientos por Ley
Antiterrorista. De la Hoz además confirmó que la última comida que
recibieron los jóvenes fue ayer en la noche. Todos denunciaron
irregularidades en sus detenciones, así como también malos tratos al
interior del centro penal.
Crítica a la Concertación
Con esta acción, ya son 35 los
comuneros que se mantienen sin ingerir alimentos en cárceles del País
Mapuche, escenario por el cual la presidenta de la Cámara de Diputados,
Alejandra Sepúlveda, responsabilizó en primer lugar a los anteriores
gobiernos de la Concertación, asegurando que estos "nunca buscaron
soluciones concretas" para el conflicto mapuche.
"En los gobiernos anteriores nunca hubo un real interés en buscar un
diálogo fructífero, soluciones concretas ni menos hacer transformaciones
legislativas. Entonces, es positivo que La Moneda quiera enviar
iniciativas tendientes a regularizar esta situación y la Cámara de
Diputados estará dispuesta a discutirlos con toda la prontitud que sea
necesaria", afirmó Sepúlveda.
En ese sentido, la diputada añadió que "incluso en el gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, su ministro del Interior, Edmundo Pérez
Yoma, tuvo una actitud tan radical en esta materia, que nosotros como
parlamentarios la criticamos en múltiples ocasiones, y no fuimos
escuchados".
Sepúlveda se reunió en el Congreso Nacional con los familiares de los 32
mapuches que están en huelga de hambre desde hace varios días, y se
comunicó además con los ministros Rodrigo Hinzpeter (Interior) y
Cristián Larroulet (Segpres) para analizar los alcances de la propuesta
del gobierno sobre modificar la ley antiterrorista y reformar la
justicia militar. "Los familiares están pidiendo que estas personas
tengan un juicio justo. Nosotros expresamos nuestra disponibilidad para
agilizar los procesos legislativos y que haya lo antes posible una
instancia de diálogo", afirmó la diputada.
Historiadores solidarizan
Hoy miércoles, cerca de cien historiadores de América Latina y
principalmente de Chile manifestaron su respaldo a los 32 presos
políticos mapuche que mantienen una huelga de hambre hace más de 50
días. A través de una declaración pública, los profesionales dieron
cuenta de los abusos a los que está sometido el pueblo mapuche tanto a
nivel policial, con los allanamientos y la constante militarización de
la Araucanía; judicial, con la aplicación de la Ley Antiterrorista y
carcelario, donde se presentan tratos vejatorios a los presos.
Además denunciaron el cerco informativo que mantienen los grandes medios
de comunicación nacionales, que han dado escasa cobertura escasa
cobertura a la situación de los huelguistas. El apoyo de los
especialistas en ciencias históricas se suma al de una gran cantidad de
organizaciones que solidarizan con la causa mapuche en Chile y en el
resto del mundo.
Los historiadores llamaron a una manifestación para el próximo martes 7
de septiembre en las dependencias del Archivo Histórico Nacional con el
objetivo de rechazar las políticas del Estado chileno en torno a los
pueblos originarios. La convocación precisa que la protesta se realizará
“independientemente del curso que tomen los hechos en los días
siguientes”.
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OPINIÓN DE PEDRO CAYUQUEO