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FOTO DE
AGENCIAS. |
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Dos de las principales organizaciones
mapuche de Puelmapu (territorio mapuche en Argentina) sellaron ayer
martes una alianza en la ciudad de Bariloche. La Confederación Mapuche
de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro anunciaron su intención
de trabajar en conjunto las distintas problemáticas que tienen que
afrontar las comunidades y que son comunes en muchos casos, como los
problemas de tierras y las arremetidas de empresas transnacionales, ello
independiente de la provincia donde se ubique cada comunidad.
“Este es el primer paso que veníamos
tratando de que se diera desde hace mucho tiempo, el primer paso para
trabajo conjunto y empezar a trabajar desde un espacio territorial que
no es común y que lamentablemente los estados nos han dividido en
provincias, pero los pensamientos son comunes”, sostuvo Clarisa
Montenegro, representante de las 122 comunidades que componen la
coordinación mapuche del Parlamento de Río Negro.
Ambas organizaciones se reunieron
para manifestar su respaldo al lof Paichil Antriao, en conflicto
territorial con un inversor norteamericano en el cerro Belvedere, en
Villa La Angostura. Según informaron, en los últimos días hubo una
medida de “no innovar” en la causa de desalojo de tres familias mapuche
a favor del ciudadano estadounidense William Henry Fisher. La orden del
juez Sommer se habría dado para evaluar si se está destruyendo un “rewe”
que es un espacio sagrado y ceremonial, característico de la cultura y
protegido por la legislación nacional.
Durante la conferencia de prensa que se realizó en instalaciones del
INADI, el werken Fidel Colipan de la Confederación Mapuche de Neuquén
advirtió que los “atropellos son continuos y a diario en todas las
comunidades y se vienen más fuertes y más grande”. Además destacó que
“todos los avances que ha habido en el marco político y nacional han
sido producto de la lucha del pueblo”. “La decisión política que hemos
tomado es estar acompañados en cada uno de los casos, estar firmes
porque el pueblo mapuche está vivo y de pie”, subrayó por su parte
Montenegro.
“Hay un levantamiento de la derecha en la argentina sobre todo donde los
terratenientes han logrado espacio territorial del pueblo mapuche”,
indicó Colipan y puso como ejemplo la situación que está viviendo la
comunidad Paichil Antriao en el Cerro Belvedere en Villa La Angostura.
“En Paichil Antriao se pone de manifiesto toda la agresividad, y en toda
la provincia de Neuquén hay una negativa muy grave”, agregó. En este
sentido, Cristina Marín de la comunidad Lafquenche solicitó que “la
policía salga del lugar” y denunciaron que a los agentes les “están
ofreciendo viviendas”.
Por su parte Montenegro destacó que
“el pueblo mapuche es un pueblo tranquilo y pacífico, tenemos una
cosmovisión que está siendo avasallada por todas estas situaciones de
violencia que se están dando” expresó la dirigenta, al tiempo que
reivindicó la legitimidad de la representación de la Confederación de
Neuquén y la Coordinadora de Río Negro para aunar esfuerzos. Por su
parte, Colipán manifestó que la relación con el poder político de la
provincia de Neuquén es “conflictiva” y señaló que uno de los motivos es
la negativa del gobierno de respetar la ley nacional 26.160 que prohíbe
los desalojos y establece la realización de un relevamiento de los
conflictos territoriales en cada provincia.
Al respecto, evaluó que la demora en la aplicación de la ley “no se da
porque hay inseguridad o porque no están las condiciones técnicas” y
afirmó que es “muy preocupante el grado de animosidad y de agresividad
que están llevando los grupos económicos con mucha presión al poder
político para reprimir y desconocer, lisa y llanamente, el avance del
reconocimiento hacia el pueblo mapuche”. Cabe destacar que los derechos
de los pueblos originarios están reconocidos por la Constitución
Nacional y diferentes tratados internacionales a los que adhirió el
gobierno trasandino.
Por este motivo, las organizaciones mapuches afirmaron que la situación
del gobierno de Sapag sería “complicada” porque hay un pedido de
informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Estado
Nacional para determinar si Neuquén violó la ley 26.160. Según
informaron los voceros, días atrás, representantes de organismos de
derechos humanos se hicieron presentes para constatar las denuncias
realizadas por las familias de Paichil Antriao pero “fueron expulsados
violentamente por la policía de la provincia que está instalada en el
lugar”. “El hecho de que hoy esté la policía en el territorio de la
comunidad le juega muy mal al gobierno provincial en el contexto
internacional porque eso no es propio de un gobierno democrático”,
expresó Colipan.
Cabe señalar que el pasado miércoles,
una comitiva con representantes de las comunidades Paichil Antreao y
Hunetru Traun Leufú, intentó entregar un petitorio a la presidenta
Cristina Fernández, durante la visita de la mandataria a las
instalaciones del INVAP en Bariloche. En el documento, reclamaban que el
gobierno nacional accionara para que “se proceda al inmediato retiro de
las fuerzas policiales y de los grupos especiales represivos que el
Estado neuquino ha dispuesto, para militarizar ilegítimamente el
territorio de la comunidad Paichil Antreao”. Además, indicaban que era
preciso que “se brinde el debido respeto al principio de preexistencia
del pueblo mapuche establecido en la Constitución Nacional”. La
movilización fue apoyada por diversas organizaciones sociales de la
región.
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