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FOTO DE ARCHIVO. |
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Este jueves familiares de los 32
comuneros mapuches en huelga de hambre acompañados por el abogado
Alberto Espinoza, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema,
Milton Juica, para expresarle su preocupación por el estado de salud de
sus parientes. La radical medida busca presionar al Gobierno para que
deje de aplicar la Ley Antiterrorista en las causas mapuches.
Pese a que los familiares sólo querían entregar una carta y solicitar
una reunión con la máxima autoridad del Poder Judicial, fueron recibidos
por el ministro Juica, quien conciente de la delicada situación que esta
viviendo el pueblo originario en estos momentos, accedió a recibirlos
para escuchar sus planteamientos.
Según contó el werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui y vocero de
los huelguitas mapuches, Jorge Huenchullan, le expusieron al presidente
de la Corte Suprema que a juicio de ellos “la aplicación de la Ley
Antiterrorista sólo responde a una política de Estado contra su pueblo”.
“Aquí hay una clara intención de silenciar la justa demanda que están
llevando a cabo los presos políticos mapuche. Al Estado no le conviene
que se sepa en el mundo que en Chile se cometen violaciones contra los
derechos humanos y uno de ellos es mantener presos a más de 50 peñis
amparándose en la Ley Antiterrorista. En cualquier momento los presos en
huelga de hambre puede presentar una situación grave”, advirtió
Huencullán.
Las otras demandas dicen relación con la desmilitarización de las
comunidades y que el Gobierno reconozca que las causas relacionadas a la
movilización social mapuche tienen que ver con un tema político y no con
una cuestión de persecución penal. Uno de los temas que no fue abordado
con el ministro Juica, pero que importa al pueblo mapuche fue el dossier
enviado a la Fiscalía Nacional en donde se vincula al pueblo Mapuche con
el partido comunista y la guerrilla colombiana.
En este sentido, Jorge Huenchullan, dijo que “no existe vinculación
alguna y que cualquier tipo de acusación de este tipo responde
únicamente a una maniobra más para enlodar el nombre del pueblo al que
representa”. El abogado Espinoza, por su parte, criticó al término de la
reunión la aplicación de la Ley Antiterrorista en causas mapuches, ya
que “hay una resolución de la Corte Interamericana de DDHH en relación a
excluir de la jurisdicción penal militar a los civiles, sin embargo el
Estado chileno ha hecho oídos sordos frente a esta sentencia”, señaló.
A la misma hora se desarrollaba en la comunidad Requén Cabrapán, en
Ercilla, Región de la Araucanía, una ceremonia para conmemorar un año de
la muerte del joven Jaime Mendoza Collío, asesinado por el cabo del GOPE
Miguel Jara Muñoz cuando se realizaba el desalojo del fundo San
Sebastián. Hasta el lugar asistieron cerca de 300 mapuches desde
diversos puntos del País Mapuche.
Los representantes mapuches también
expusieron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados. Concluida la reunión entre legisladores y representantes
originarios, el presidente del órgano del Parlamento, Hugo Gutiérrez,
anunció una próxima visita de los diputados a las cinco cárceles del sur
del país. Gutierrez, diputado del Partido Comunista, se refirió también
a un pedido de audiencia al titular del Ministerio Público, Sabas
Chahuán, para indagar sobre acusaciones acerca de la presencia de
testigos protegidos en los procesos judiciales contra los comuneros.
Día de Acción Global
En el marco del denominado Día de Acción Global por la libertad de los
presos mapuches en huelga de hambre se realizaron ayer diversas
actividades. En la ciudad de Bruselas, en Bélgica, un grupo aproximado
de 50 personas, entre chilenos y ciudadanos belgas, se tomó la embajada
chilena y entregó una carta llamando a “romper el cerco mediático en
torno a la huelga y a la situación de los presos políticos y expresar la
solidaridad con la causa mapuche”.
En el País Vasco y en Galicia,
fuerzas nacionalistas aliadas del Partido Mapuche también desarrollaron
acciones de solidaridad con los huelguistas, En Bilbao, los dirigentes
de Aralar, Jon Abril y Iosu Murgia, junto con el delegado del partido
mapuche, Hector Cumilaf Huentemil, denunciaron ante el consulado chileno
la situación de los presos mapuches, exigiendo la derogación de la Ley
Antiterrorista promulgada por la dictadura militar. “Instamos al
gobierno chileno a derogar o modificar, de acuerdo a los estándares
internacionales, la Ley antiterrorista, así como a limitar el campo de
la justicia militar, excluyendo de su ámbito de competencia el juzgar a
civiles”, señaló Aralar.
En tanto, en la ciudad gallega de
Santiago de Compostela, la diputada autonómica del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Ana Luisa Bouza denunció el “déficit democrático” de Chile respecto a la
situación del pueblo mapuche.
En rueda de prensa y acompañada del delegado de Walmapuwen, Bouza
anuncio al respecto que su colectividad presentó una
proposición de ley para su debate en el pleno de la Cámara autonómica. Otras iniciativas
de denuncia se llevarán a las Cortes Generales en Madrid
y al Parlamento Europeo en Bruselas, anunció.
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OPINIÓN DE SERGIO GREZZ